Latinia
Hace tres años, hablar de Open Finance en LATAM era hablar de Brasil y de promesas. Hoy es hablar de obligaciones, plazos y decisiones de infraestructura que los bancos ya no pueden postergar.
Según el informe Estado del Open Finance Brasil y Mundo 2026 de Sensedia, más de 78 países han adoptado regulaciones de Open Finance. América Latina es una de las regiones más dinámicas de ese movimiento —y el ritmo se ha acelerado notablemente en los últimos doce meses. Colombia lo acaba de hacer obligatorio. Chile recién publicó de publicar sus estándares técnicos definitivos. Argentina lo anunció formalmente. México sigue construyendo sobre su Ley Fintech de 2018.
Cada país va a una velocidad distinta, con marcos regulatorios diferentes y con implicaciones operativas singulares para las entidades financieras que operan en la región.
Este artículo es el mapa que falta: el estado regulatorio real de cada mercado a junio de 2026, con los plazos concretos y lo que significa para la infraestructura bancaria.
Brasil no es un caso de Open Finance en desarrollo. Es el caso de Open Finance más maduro del mundo fuera del Reino Unido.
El sistema se lanzó en febrero de 2021 impulsado conjuntamente por el Banco Central do Brasil (BCB) y el Consejo Monetario Nacional (CMN), con una implementación en cuatro fases que cubre desde el acceso a información institucional hasta el intercambio de datos de inversiones y seguros. En diciembre de 2025 superó los 128 millones de consentimientos activos, con más de 200 instituciones participantes entre bancos tradicionales, fintechs y cooperativas.
En 2026, el sistema ha entrado en su fase adulta. En febrero de 2026 arrancó la portabilidad de crédito vía Open Finance, permitiendo a los usuarios trasladar deudas entre entidades de forma completamente digital y automatizada. El Banco Central describe el momento con precisión: «el principal desafío ahora es transformar conocimiento en uso».
Colombia acaba de dar el salto que ningún otro país de la región había dado hasta ahora: hacer el Open Finance obligatorio por ley.
El Decreto 0368 de 2026, firmado en abril, exige que todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia —bancos, fiduciarias, aseguradoras, administradoras de fondos de pensiones, emisoras de tarjetas— compartan datos autorizados por los clientes a través de APIs estandarizadas. No es voluntario. No es una recomendación. Es una obligación con plazos.
Los tiempos son concretos: la SFC tiene hasta octubre de 2026 para publicar el cronograma de estándares técnicos por categoría de datos. A partir de ahí, las entidades tienen doce meses para habilitar el acceso, prorrogables por seis meses más a criterio del regulador. El horizonte de cumplimiento total alcanza 2027-2028.
Lo que hace especialmente exigente el marco colombiano es su arquitectura de doble consentimiento: el usuario autoriza al tercer receptor y el banco debe confirmar activamente esa autorización antes de liberar cualquier información. Cada autorización, modificación y revocación genera un evento que requiere respuesta inmediata y trazabilidad completa.
Chile ha seguido un camino metódico. La Ley 21.521 de 2023 estableció las bases legales del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA). La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) fue publicando consultas públicas y regulaciones complementarias de forma progresiva.
El hito más reciente zanja meses de incertidumbre: el 2 de junio de 2026, la CMF publicó la modificación de la norma definitiva que fija la entrada en vigor del SFA en julio de 2027 —un año más tarde de lo previsto originalmente—, e incluye las especificaciones técnicas para el funcionamiento interoperable del sistema. El aplazamiento, solicitado por la banca tradicional, generó tensión con las fintechs, pero da a todas las entidades un margen de preparación adicional que conviene aprovechar.
El cronograma de implementación se extiende entre 2027 y 2029, lo que da a las entidades un margen de preparación mayor que Colombia. Pero la experiencia de otros mercados demuestra que quienes esperan al plazo obligatorio para empezar a construir siempre llegan tarde.
México fue el primer país de la región en legislar sobre Open Finance. La Ley Fintech de 2018 —una de las primeras regulaciones fintech integrales de América Latina— ya incluía en su artículo 76 la obligación de compartir datos financieros mediante APIs estandarizadas en tres capas:
El problema es que la regulación secundaria que debía concretar los estándares técnicos para datos transaccionales lleva años pendiente. A febrero de 2026, esa regulación secundaria seguía sin publicarse, lo que ha generado un ecosistema híbrido: algunos bancos han desarrollado APIs voluntariamente, mientras el marco obligatorio completo sigue en construcción.
Lo que está cambiando en 2026 es el tono del regulador. La CNBV ha señalado en el Fintech Festival 2026 su voluntad de construir un ecosistema de entidades digitales que genere valor, y el sector lleva ya 800 fintechs operativas. La presión para completar el marco regulatorio es creciente.
Argentina es el mercado más reciente en sumarse formalmente al movimiento. En octubre de 2025, el presidente del BCRA Santiago Bausili anunció en conferencia de prensa la implementación del Open Finance en Argentina, describiéndolo como un sistema que «devuelve a cada persona el control sobre su información financiera».
El plan del BCRA para 2026 es avanzar en la implementación a través de la formación de grupos técnicos para definir la infraestructura necesaria. No hay cronograma publicado ni estándares técnicos formales todavía. Las estimaciones del sector apuntan a un lanzamiento operativo entre 2026 y 2027, siguiendo un camino similar al de Colombia —que tardó aproximadamente dos años desde el marco voluntario hasta la obligatoriedad.
Argentina tiene el segundo ecosistema fintech más grande de LATAM, con más de 800 empresas activas. La demanda de infraestructura de Open Finance existe. La regulación está en construcción.
Así queda el mapa hoy: Brasil opera el sistema más maduro de la región. Colombia ya es de obligado cumplimiento. Chile tiene su marco técnico cerrado, a la espera de su entrada en vigor en 2027. México y Argentina siguen construyendo las bases regulatorias. Ritmos distintos, mismo destino.
Sea cual sea el ritmo de cada país, las entidades se enfrentan al mismo reto operativo: cada autorización, modificación o revocación de consentimiento que da un cliente genera un evento que requiere notificación inmediata. A medida que crece el número de terceros con acceso a esos datos, crece también el volumen de comunicaciones críticas que el banco tiene que gestionar sin margen de demora.
En Latinia llevamos más de 25 años acompañando a entidades financieras de Europa y América Latina en la gestión de sus comunicaciones críticas. Conocemos de cerca los retos que trae cada nueva etapa regulatoria, y trabajamos junto a los bancos para que su infraestructura de comunicación esté a la altura de lo que el Open Finance les exige.
El Open Finance no es una decisión tecnológica que los bancos puedan delegar en su proveedor de core. Es una decisión de arquitectura que define cómo opera la relación con el cliente en los próximos años. Y en esa arquitectura, la capa de comunicaciones no es el último paso. Es la base.
¿Quieres saber cómo preparar la infraestructura de comunicaciones de tu banco para el Open Finance en tu mercado?
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